Elegir un programa de compliance no es solo una decisión administrativa sino una decisión de riesgo corporativo. Nuestro equipo integra experiencia en derecho corporativo y prevención legal, con rigor académico y enfoque práctico para que el compliance funcione en el día a día, sea defendible ante autoridades y genere evidencia útil de “debida diligencia”.
Brindamos un servicio integral de compliance legal adaptado a la realidad de su empresa. Nuestro objetivo es que el cumplimiento normativo sea operativo, medible y sostenible, con políticas claras, procesos aplicables y capacitación que realmente se ejecute.
Diseñamos e implementamos su programa desde cero con un método que permite identificar riesgos, construir controles y dejar evidencia documentada para auditorías, socios o autoridades. Actuamos como su consultor externo de compliance corporativo, trabajando con sus áreas clave para integrar el sistema en la operación.
Si su organización ya cuenta con políticas internas, realizamos una auditoría exhaustiva para detectar vulnerabilidades, actualizar documentos, corregir brechas operativas y fortalecer la trazabilidad de cumplimiento. Una auditoría de compliance efectiva no solo revisa papeles: valida qué se cumple, cómo se cumple y qué evidencia existe.
En un entorno regulatorio cada vez más estricto, una incidencia interna o una mala práctica puede escalar de lo administrativo a lo penal, impactando a la empresa y a sus directivos. Contar con un enfoque preventivo-defensivo es clave para reducir exposición y construir evidencia de control.
Diseñamos manuales y controles orientados a prevenir conductas de alto riesgo: fraudes internos, corrupción, operaciones irregulares, riesgos fiscales y conductas que puedan comprometer a la organización. Nuestra asesoría prioriza que el programa sea defendible, con documentación y trazabilidad suficiente para acreditar la debida diligencia corporativa.
Implementamos protocolos anticorrupción para empresas que participan en licitaciones, trabajan con gobierno, operan cadenas complejas o tienen exigencias de socios/inversionistas. El objetivo es asegurar transparencia en procesos sensibles (compras, licitaciones, regalos, intermediarios, terceros), reduciendo riesgos reputacionales y legales.
Un programa de compliance debe ser realista, ejecutable y útil como blindaje jurídico. En Goytortúa & Asociados combinamos visión empresarial con rigor legal para reducir exposición al riesgo y proteger la estructura del negocio. Si necesita implementar, corregir o robustecer su sistema de cumplimiento, ayudamos a construir un compliance que opere y se sostenga.
Un programa robusto incluye diagnóstico y matriz de riesgos, código de ética, políticas internas, canal de denuncias, protocolos de actuación e investigación interna, capacitación documentada y un esquema de supervisión (Oficial de Cumplimiento), además de evidencia para auditorías o terceros.
El compliance legal/corporativo abarca el cumplimiento general (mercantil, datos, laboral, contractual, etc.). El compliance penal se enfoca en prevenir conductas que puedan derivar en responsabilidad penal para la empresa o sus directivos, con controles y evidencia orientados a escenarios de investigación.
Es el conjunto de políticas, controles y procedimientos para identificar riesgos y prevenir incumplimientos. Protege frente a multas, sanciones, daños reputacionales y conflictos internos, y ayuda a demostrar debida diligencia ante socios, auditorías y autoridades.
No siempre es obligatorio para todas las empresas, pero cada vez es más exigido por socios, cadenas de suministro, licitaciones y estándares internos. Además, contar con controles, políticas y evidencia ayuda a reducir exposición y a gestionar riesgos de forma defensible.
Supervisa que las políticas y controles se ejecuten en el día a día, atiende reportes, coordina investigaciones internas cuando aplica, propone mejoras y asegura evidencia de cumplimiento. Podemos acompañar a su oficial interno o actuar como consultoría externa para aportar imparcialidad y rigor.
Depende del tamaño, industria y madurez interna. Por lo general, una implementación inicial con diagnóstico, políticas base, canal de denuncias y capacitación puede estar operativa en 8 a 16 semanas, con una fase posterior de consolidación y monitoreo.
Define reglas claras sobre regalos, patrocinios, intermediarios y relación con terceros; crea controles en compras/licitaciones, protocolos de aprobación, registros y auditorías; y capacita a equipos sensibles. El objetivo es reducir riesgos y dejar evidencia clara de transparencia.
El costo depende de variables como tamaño de la empresa, número de sedes, industria, nivel de riesgo, alcance (penal/anticorrupción/canal de denuncias) y si se requiere acompañamiento anual. En el diagnóstico inicial determinamos el alcance y se presenta una propuesta por fases.
Sí. Auditamos políticas y controles actuales, detectamos brechas, actualizamos documentación y aterrizamos la implementación para que sea operativa, medible y defendible, incluyendo capacitación y evidencia.
Sí. Ofrecemos acompañamiento por periodos (trimestral/semestral/anual) para auditorías, actualización normativa, capacitaciones recurrentes y seguimiento a indicadores y hallazgos.
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